FUENTE : LA TERCERA
Cuando el presidente interino de Argentina, Adolfo Rodríguez Saá, declaró default en casi US$ 100 mil millones el 23 de diciembre de 2001, los legisladores lo ovacionaron de pie. Pocos se alegran ahora ante el temor muy real de un nuevo default, once años después. La resolución del juez de Nueva York Thomas Griesa ordenando que un próximo pago a tenedores de los bonos que Argentina emitió en reestructuraciones en 2005 y 2010 sea acompañado por el pago de US$ 1.300 millones a los fondos de EEUU que demandan el pago completo, abre la opción de que Buenos Aires decida no pagarle a nadie, dicen analistas y abogados.
“La política de Argentina hacia su deuda incumplida ha sido bastante arriesgada”, plantea Matthew Parish, un socio en la firma de abogados Holman Fenwick Willan. Espera que Argentina elija incumplir su deuda reestructurada antes que incumplir el pago a los “tenedores” que no reestructuraron y que, según él, lo merecen de sobra. “Ellos decidieron dar a los acreedores coletazos por varios años. Entonces intentaron volver al mercado de bonos apuntando con una pistola a los viejos acreedores. Su conducta les valdrá quedar completamente fuera del mercado de bonos”, dijo.
La Bolsa reaccionó ayer con una baja de 3% y los títulos públicos llegaron a caer 14%, aunque al cierre el mayor retroceso para uno de esos papeles fue de 7,26%. El riesgo país también se elevó.
Argentina también enfrenta una erupción de otros litigios por el canje a los tenedores de bonos, furiosos por lo que dicen es pasar a llevar sus derechos de propiedad. La resolución abriría la puerta a potenciales demandas de otros tenedores.
Los economistas estiman que entre US$ 8 mil millones a US$ 11 mil millones de la deuda de Argentina permanece en manos de tenedores que no reestructuraron, mientras US$ 25 mil millones de su deuda reestructurada fue emitida bajo la legislación de Nueva York.
El escenario de incumplimiento es muy diferente al de 2001, cuando Argentina estaba en recesión, con su peso estabilizado en forma insostenible a la par con el dólar y con los depósitos en los bancos congelados.
La economía de Argentina ha titubeado este año, tras un crecimiento de 8,9% el año pasado y de una expansión de más del 8% en siete de los últimos nueve años. Aunque el gobierno es acusado ampliamente de exagerar el crecimiento económico, muchos analistas creen que la economía tocó fondo.
El gobierno ha aprovechado las reservas del Banco Central -ahora en US$ 45 mil millones- para pagar las obligaciones de su deuda desde 2010 y depende de préstamos de los distintos organismos de gobierno, incluyendo a la agencia estatal de pensiones, ya que en la práctica se le cortaron los préstamos internacionales desde el default de 2001.
Michael Henderson de Capital Economics dijo que “el impacto de un nuevo default podría ser mucho mayor para las provincias y corporativos de Argentina, más dependientes del financiamiento externo, y que probablemente sufrirán el salto en el costo de la deuda”.
Argentina podría, por supuesto, cumplir la orden del juez Griesa y pagar los US$ 1.300 millones adeudados a NML Capital y otros demandantes en una cuenta de fondos en custodia, en espera del proceso de apelación, el 15 de diciembre. Debe pagar unos US$ 3.400 millones a los acreedores en diciembre.
Si Argentina no le paga a nadie, incumplirá la sentencia de la corte, lo que significa que la resolución sería ejecutada contra los activos de Argentina, continuando con el reclamo de recaudación que ha sido esgrimido como una pistola contra la cabeza del gobierno y que le ha impedido acceder al mercado internacional de capitales en la última década. Y podría gatillar un nuevo impago de bonos.
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