FUENTE : LA PRENSA AUSTRAL
Hace dos años y casi dos meses el desborde y aluvión del río de las Minas no fue el único gran problema que debieron enfrentar las autoridades, aquel 11 y 12 de marzo.
Paralelo a la gran tragedia, que dejó a decenas de familias damnificadas y cuyas consecuencias continúan hasta el día de hoy, otras decenas de familias -algunas versiones hablaban de 170, otras de 300-, protagonizaban una “toma” ilegal del terreno aledaño al barrio Archipiélago de Chiloé, al extremo sur de Punta Arenas, en demanda por soluciones habitacionales para todos ellos.
Entre “tiras y aflojas” con la autoridad, en la madrugada del 21 de marzo de ese año (2012) fueron desalojados por Carabineros, por orden de la gobernación provincial de Magallanes (a cargo de la gobernadora Gloria Vilicic), a solicitud del Serviu. Entonces ejercía como intendente regional Arturo Storaker; Christian Matheson como secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda, y Cristián Ormeño como director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).
Finalmente, en abril de ese año se firmó un acuerdo, en donde tanto los vecinos en “toma” -que luego pasaron a llamarse Agrupación “Magallanes luchando por una casa”- como el Serviu impusieron sus cláusulas para resguardar sus intereses.
El obispo Bernardo Bastres, ofició de garante, a petición de los vecinos en “toma” y de dirigentes del Partido Comunista (PC).
Reunión por más
de dos horas
Sin embargo, nada de lo acordado se cumplió, según lo evidencian los hechos. Ayer un grupo de vecinos, mayoritariamente mujeres, integrantes de la Agrupación “Magallanes luchando por una casa”, llegó a las 9 de la mañana hasta el edificio de los Servicios Públicos, en calle Bories con Croacia, donde se encuentran las oficinas del Serviu, para manifestar su molestia por el incumplimiento por parte del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu), con gritos, bombos y pancartas.
La directiva de dicha agrupación, encabezada por su presidente Fernando Serón -que actualmente representa a 123 familias-, se reunió, por más de dos horas, con la nueva directora regional del Serviu, Hina Carabantes, a la cual se sumó, posteriormente, el seremi de Vivienda, Fernando Haro.
Durante la tarde, la titular regional del Serviu, destacó la situación especial de la agrupación, desde el punto de vista habitacional.
“Se trata de una agrupación que, en definitiva, venía a plantear que ellos tenían una fecha de inicio de obras y una fecha de entrega de las viviendas. Preliminarmente, el 30 de mayo era el inicio de las obras y la entrega de las viviendas, en un plazo nunca superior al 31 de diciembre de 2014. Y la verdad es que en estos momentos están con el subsidio en la mano, pero sin un proyecto completamente definido, porque el terreno que se había pensado tenía algunos inconvenientes técnicos”, explicó.
“Entonces, en la reunión llegamos a acuerdos, porque que la vía es siempre la conversación, la verdad y el diálogo con la participación de los vecinos, para que estén todos bien informados. Y nosotros reconociendo que esos plazos eran, efectivamente, un compromiso del ministerio, les dijimos que el compromiso se mantiene. La ministra (María Paulina Saball) especialmente nos dijo que en todos los casos donde el subsidio está otorgado, se va a buscar la solución. Porque hay muchos (de esos casos), hay 120 mil en el país, que están sin terreno y sin proyecto”, agregó.
“En estos momentos hay que darle solución a todos los casos donde había compromiso del ministerio. Esa es la instrucción y ese es el ánimo”, reiteró.
“Salimos todos conformes y fortalecidos de la reunión. Hay que establecer las confianzas, evidentemente. Ellos manifestaron que tienen desconfianza, que les cuesta creer. (Pero) Les dimos plazos claros, que no son los comprometidos con ellos, inicialmente. Las soluciones no son durante el presente ni el próximo año: hay escasez de terreno, esa es una realidad de todo el país, entonces hay que buscar terrenos. Hay una comisión que está abocada al estudio de qué terrenos son factibles y hay que buscar financiamiento”.
Tres alternativas de
solución habitacional
Sobre las soluciones que se vislumbran al respecto, Carabantes planteó que “hay salidas diversas, porque hay terrenos que están afectados por el plan regulador (comunal) y se tendría que esperar que el nuevo plan regulador entre en vigencia, que pase todas las etapas de aprobación y esa situación ni siquiera depende de la propia municipalidad, porque eso va a una revisión. Otra posibilidad es adquirir terrenos y en eso, el plazo se alarga todavía más; y la tercera opción es que ellos adquieran una vivienda que ofrecen entidades patrocinantes del área privada, como, en este caso, Salfa”.
“Entonces, hay tres alternativas y ellos tienen que darlas a conocer a todos los integrantes de la agrupación y por lo pronto, vamos a tener una reunión en la cual Salfa va a exponer un proyecto que sería una de las posibilidades para ellos, y para ese proyecto habría que ver la posibilidad de suplementar recursos”, resumió la directora regional del Serviu, añadiendo que dicho encuentro se concretaría el próximo lunes 12 de mayo.
“Ese proyecto (la tercera vía de solución) estaría en condiciones de empezar su ejecución durante el presente año y sería una solución a la vivienda en más a corto plazo. Respecto de las otras dos alternativas, hay que esperar la modificación del nuevo plan regulador, que entra en vigencia, o bien, que es adquirir terrenos y postular la urbanización al FNDR para complementar los recursos”, concluyó.
Sobre la escasez de terrenos, a nivel regional, el presidente regional de la Democracia Cristiana (DC) y candidato a la reelección, Juan Francisco Miranda, quien fuera seremi de OO.PP. en el gobierno de la Concertación, criticó al gobierno del Presidente Sebastián Piñera (2010-2014), a través de una entrevista concedida a este medio y publicada en febrero pasado. En ésta el político aseguraba que el gobierno se había dedicado a entregar subsidios, en circunstancias que faltaban terrenos.
Sólo palabras
Una percepción distinta tiene el presidente de la Agrupación “Magallanes luchando por una casa”, Fernando Serón Cheuquemán, ex vocero, además, de los vecinos en “toma” en 2012. El dirigente recordó que cuando firmaron un acta de acuerdo con el Serviu, el intendente (Arturo Storaker) y el alcalde (Vladimiro Mimica), el 12 de abril de 2012, “nosotros, como agrupación, cumplimos paso a paso todos los requisitos que nos pedían. Y en ese acuerdo, habían fechas, que nosotros cumplimos. (…) Y ahora, la nueva directora (regional del Serviu, Hina Carabantes) no se hizo responsable de lo que había firmado el director anterior (Cristián Ormeño). No se cumplió nada, porque no estaba listo el terreno”.
“Ella no tenía idea que había un acuerdo firmado. En este momento no hay nada más que palabras (…). La conclusión a la cual se llegó, después de dos horas y media (de reunión), es que ella se comprometió a gestionar una audiencia con el nuevo intendente (Jorge Flies) y el alcalde (Emilio Boccazzi)”, sostuvo, confirmando que efectivamente ya no era viable construir en los terrenos que se “tomaron” hace dos años.
Finalmente, el dirigente vecinal señaló que si bien sentían cierta desconfianza, a raíz de todo lo sucedido, “no podemos rendirnos y dejar esto botado”.
