FUENTE : PRENSA AUSTRAL
Las oportunidades de tener una casa propia se verían mermadas para las familias magallánicas y para casi un 80% de los futuros compradores de viviendas en la región, producto de algunas de las medidas propuestas por la Reforma Tributaria, actualmente en discusión en el Congreso. Esto según el análisis de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Entre las medidas que causarían un mayor impacto en la oferta y demanda de inmuebles está la restricción aplicada al crédito especial del Impuesto al Valor Agregado (Iva) a las viviendas y la introducción del pago de Iva a la venta de casas nuevas o usadas por parte de inmobiliarias o corredores de propiedades (ver recuadro).
La aplicación de ambas, según la Cámara, traería como consecuencia un aumento en el precio de las viviendas -nuevas y usadas- y mayores dificultades para acceder a financiamiento, dado que, junto con aumentar los costos de construcción por ello, hoy día existe una alta demanda por viviendas, frente a la realidad de un acotado stock, lo que ha rebajado el tiempo promedio de disponibilidad de las mismas.
El problema apunta especialmente a las viviendas de entre 1.250 Unidades de Fomento (UF) y 4.100 UF que experimentarían un alza de 12,8% y 11%, respectivamente. Sin embargo, las más afectadas serán las viviendas que bordean las 2.500 UF que sufrirán un aumento de 13,5%, quedando con un precio final estimado de 2.766 UF.
Este segmento, de acuerdo a la Cámara, se lleva a nivel nacional alrededor del 78% de la demanda por viviendas, mientras que en Magallanes, el impacto mayor alcanzaría a cerca del 80% de la demanda y que corresponde a las familias que ostentan un ingreso medio mensual de entre $616 mil a $1 millón 800 mil, de acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Casen 2011.
En palabras de Cristián Prieto, presidente de la CChC Punta Arenas: “Estamos en un mercado que es relativamente imperfecto de oferta de viviendas, estimamos que el impacto va a ser similar al del resto del país, hay pocos desarrolladores inmobiliarios, hay alta demanda de casas y hay acceso a créditos, lo que quiere decir que no hay razón para que el impacto de alza de precios por efecto Iva no se transfiera a las viviendas”.
En este sentido, “en el segmento que se vende en Magallanes que son casas de 2.500 UF a 3.000 UF el impacto puede ser importante, de entre un 12% y un 14% de alza en el precio. En Chile el 78% de las casas que se venden son de estos valores y en Magallanes, sin duda es superior, porqu hay pocas casas que superan las 3.500 UF de precio, es cosa de ver la oferta inmobiliaria”.
De no introducir cambios en la reforma durante la actual discusión, los empresarios de la construcción señalan que las familias afectadas deberán optar entre continuar ahorrando y postergar su decisión de compra, adquirir viviendas de menor costo, comprar viviendas usadas o arrendar, en el peor de los casos.
Respecto al acceso, el gremio asegura que la reforma también implicará dificultades de financiamiento para las familias, dado que, si hoy los créditos hipotecarios que financian entre el 80% y 90% de las casas adquiridas- implican una absorción de hasta el 25% de los ingresos familiares, con la nueva reforma el eventual nuevo valor de las viviendas podrían representar cerca del 28% de los ingresos familiares.
Para Prieto, “estas medidas no van en el sentido de ayudar a la clase media. Este tipo de reforma no atiende a este segmento, al contrario, sus efectos le van a pegar con fuerza, una vez que sea aprobada, de no haber cambios”.
Concluyó que “la idea es que el proyecto se sincere que la gente va a pagar parte de la reforma, eso es tremendamente importante, porque si la reforma va a seguir, como es probable que suceda, lo importante es que se sepa que quienes pagan la reforma también son las personas y no sólo las grandes empresas y es muy probable que una vez aprobada, el mismo gobierno y las entidades relacionadas con vivienda tengan que buscar instrumentos para paliar estas alzas, pero no lo sabemos, porque el efecto recién lo vamos a conocer una vez aprobada”.
A modo de posibles soluciones de mitigación, el sector propuso restituir a los compradores el monto del impuesto aplicado ya sea, a través de una devolución en el siguiente año tributario u otorgando un subsidio a la demanda en función del ingreso familiar al momento de solicitar el financiamiento.
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