La orden fue impartida por la gobernadora Ríos, quien se atribuyó la facultad de interpretar las leyes, y consideró que la llamada ley Gaucho Rivero -852- incluye al turismo cuando se refiere a los recursos naturales y la prohibición de explotarlos para los ingleses.
“Me parece sinceramente que el gobierno se equivocó al tomar esta postura. No me parece que la ley 852 tenga en su espíritu la prohibición de ingreso de buques de turismo. Habla claramente de la exploración y explotación de los recursos naturales. En ese momento la discusión era por los barcos que hacían exploración petrolera y explotación ictícola. No estamos hablando de turismo”, reiteró el parlamentario.
Cabe recordar que estos buques ni siquiera tenían bandera británica, sino de “conveniencia”, y para Barrientos “tampoco se comprende fehacientemente lo que significa bandera de conveniencia, porque el buque Ushuaia, que es de capitales de Tierra del Fuego, tiene bandera de Panamá, que también es una bandera de conveniencia. Con este concepto tampoco podríamos dejar ingresar al buque Ushuaia”, observó.
“Nos estamos equivocando”, lamentó el legislador, y recomendó “buscar que las políticas que llevan adelante tengan un resultado de beneficio en función del reclamo que estamos haciendo”.
“Toda la política exterior que está llevando Argentina intenta perjudicar la posición de Inglaterra, pero esta acción, si a alguien perjudica, no es precisamente a los ingleses. No encuentro cuál es el beneficio de impedir que estos buques entren a Tierra del Fuego”, expresó.
Por el contrario, podría hacerse docencia en cuanto al reclamo de soberanía, ante los turistas que visitan la provincia: “Yo pretendería que cada uno de los 250 mil turistas que ingresan por el puerto de Ushuaia se vayan con un folleto en la mano entregado por la Dirección de Puertos, que diga cuál es la postura de la Argentina en función de Malvinas, y tener un efecto multiplicador para que se conozca en el mundo lo que está pasando”, sugirió como política en positivo.
Muchos afectados
Si bien el vicegobernador Crocianelli atribuyó las críticas a intereses afectados de dos empresas que operan con los cruceros, el legislador Barrientos sostuvo que el abanico es más grande, porque de esta actividad dependen comercios menores y distintos prestadores de servicios. “Hay un sinnúmero de personas ligadas al turismo que seguramente se van a sentir perjudicadas. Si tomamos una acción que perjudica al imperio británico o que genera que la postura argentina esté en mejores condiciones, y esto nos genera un perjuicio económico, deberemos soportar ese perjuicio, porque la soberanía no tiene precio. Pero en esta acción en concreto no encuentro el beneficio en función del reclamo que estamos haciendo. Nos traemos más perjuicio a nosotros que a la postura inglesa”, marcó como contrasentido.
Reiteró que “si esta medida fuese conducente en función de los intereses de la recuperación de Malvinas y nos trae un perjuicio económico, no tendría problema en sostenerla. Pero que nos traiga un perjuicio económico y no sea conducente al fin último que es la recuperación de Malvinas, es lo que más me preocupa”.
Un espíritu distinto
Barrientos recordó que cuando se aprobó la ley “estaba como asesor de ‘Milín’ Fernández y escuché lo que se habló, que fue la necesidad de tomar una postura en función de los buques petroleros y los que trabajaban con las riquezas ictícolas. No recuerdo que se haya incluido dentro de las condiciones que se afecte la actividad turística de los cruceros. Seguramente esto está disparando una discusión que va a ser bastante profunda y creo que ni siquiera hace falta modificar la ley, sino darle una reglamentación en función de lo que estamos diciendo”, consideró.
Frente a la tajante posición de Ríos, que manifestó ser quien interpreta la ley, el legislador apuntó que “la división de poderes existe y seguramente vamos a tener que discutir esto con el resto de los legisladores. Me preocupa lo que está pasando, sinceramente”, concluyó el parlamentario ante el reclamo de todos los sectores perjudicados.
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