FUENTE : PRENSA AUSTRAL
El Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, se abstuvo de tomar razón del documento presentado para tal efecto por el intendente regional, Mauricio Peñera y Lillo, en el cual se introducían modificaciones al plan de inversión de la Zona Franca, pactado en común acuerdo con la administradora, la Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda.. Esto, al estimar que no se ajusta a derecho.
Mendoza justificó su decisión al plantear que en el documento que modifica el contrato de concesión de la ZF se evidencian algunas diferencias en términos del monto de las inversiones que se debían realizar y las que se comprometen en su reemplazo, que se da por hecho que a la concesionaria sólo le resta ejecutar la nueva infraestructura que se somete para la toma de razón, sin que se verifique la efectividad de ello, y deja en claro que esto no se resuelve por mero acuerdo de las partes, sino que es un deber del intendente realizar la fiscalización que corresponde.
De igual forma, hace cuestión de que se consignan multas canceladas por la administradora de la ZF, pero sin que se precise a qué periodo comprende dicha sanción.
El dictamen de la Contraloría General de la República se emitió este lunes y fue puesto en conocimiento del intendente Peña y Lillo, por ser él quien remitió del documento que modifica el contrato de concesión.
Al adjudicarse la concesión de la ZF, la Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda. comprometió la realización de un plan de inversiones, el cual ha ido ejecutando, excepto algunas obras, como la construcción de un rodoviario al interior del recinto franco.
La Cámara Franca -entidad que reúne a la mayoría de los usuarios de la ZF- denunció que la administradora ha incumplido dicho plan, entre otras irregularidades y reclamos que alega en su contra.
Y, ante diversas consultas de la Cámara Franca y de los dos intendentes regionales que antecedieron a Peña y Lillo, la Contraloría ha ordenado a la autoridad fiscalizar el cumplimiento del contrato de concesión, señalando, en un dictamen emitido a fines del año pasado, que la intendencia sólo ha cumplido en parte con dicho deber.
Al reactivarse, entonces, la comisión de seguimiento y control del referido contrato por parte de la intendencia se cursó una multa por unos $30 millones a Rentas Inmobiliarias por retraso en el plan de inversiones. Pero, la Cámara Franca alega que ello es una sanción nimia, si se considera realmente todos los meses y años en que se ha verificado dicho retardo, amén de las multas por esto y otros supuestos incumplimientos.
Por ello, Cámara Franca objetó que el intendente Peña y Lillo haya aprobado la modificación al plan de inversiones y remitió un documento al Contralor General pidiéndole que no tomara razón del documento.
Dictamen del Contralor
“Esta entidad de control ha debido abstenerse de dar curso a la resolución Nº25, de 2012, de la Intendencia Regional de Magallanes y Antártica Chilena, mediante la cual se modifica el contrato de concesión para la administración y explotación de la Zona Franca de Punta Arenas, por no ajustarse a derecho”, sentenció el Contralor Ramiro Mendoza.
Al exponer algunos de los fundamentos, el ente contralor hace mención al reemplazo del proyecto rodoviario por un conjunto de obras. Pero, objeta que, luego, “se advierte que las cantidades a invertir por la concesionaria respecto de estas obras, distintas a las anteriores señaladas, también se han modificado, ya sea aumentándolas o disminuyéndolas, sin que se justifique a qué obedecen tales variaciones”.
Otro hecho que expone la Contraloría es que se hace mención a que es 0 el monto a invertir por las obras que buscan reemplazar la inversión faltante, en circunstancias que el mismo cuadro incluye como sumatoria de todas ellas la cantidad de 33.537 Unidades de Fomento (UF), sin que se contenga ninguna explicación sobre el particular.
Cumplimiento del contrato y rol del intendente
Mendoza también deja constancia que en uno de los acápites (el numeral IV de la cláusula segunda del documento que contiene las modificaciones) se establece algo que resulta inconsistente y cita: “Se deja constancia de que al referido Plan de Inversiones comprometidas le resta ejecutar sólo la Nueva Infraestructura”. Al respecto, el Contralor hace ver que se declara ello “sin que se adjunte ningún antecedente que permita verificar la efectividad de tal aseveración”.
Sobre ello, el Contralor Mendoza recuerda que “el cumplimiento del plan de inversiones compete al ámbito de fiscalización que, acorde con la normativa que rige el contrato de concesión de que se trata, le corresponde efectuar al intendente, y no depende del acuerdo de voluntades de las partes”.
Multas
En su dictamen, Ramiro Mendoza agrega que en el documento que se le envió para su toma de razón se apunta que el aumento efectivo del plan de inversiones que se aprueba por parte de la intendencia asciende a un total de 15.366 UF, pero que de la planilla de obras anexada aparece que corresponde a 15.376 UF.
Mendoza repara que, cuando se plantea que se han aplicado multas y que Rentas Inmobiliarias Ltda. las ha cancelado, no se indica cuál es el período al que comprende dicha sanción.
