El tribunal admitió hoy la petición de la fiscalía de llamar a declarar a Napolitano como testigo de algunas conversaciones que mantuvo uno de los imputados, el ex ministro de Interior entre 1992 y 1994, Nicola Mancino, con Loris D'Ambrosio, el fallecido asesor jurídico del Quirinal, presidencia de la República.
La Corte ha establecido algunos límites a la deposición del jefe de Estado y ha especificado que sus declaraciones serán "en la medida de que los conocimientos no intervengan en las funciones presidenciales y de confidencialidad".
En los mismos términos también tendrá que declarar el presidente del Senado, Piero Grasso, quien fue fiscal nacional antimafia.
Napolitano fue citado porque durante 2011, Mancino, al conocer que era investigado, decidió pedir ayuda al Presidente Napolitano y llamó varias veces al Quirinal.
La magistratura intervino su teléfono y grabó las conversaciones de Mancino con Napolitano y Loris D'Ambrosio.
Napolitano apeló a la inviolabilidad del jefe del Estado y las cintas fueron destruidas por orden de la magistratura, por lo que no se hablará de ellas en el juicio, pero aún quedan como pruebas las conversaciones con D'Ambrosio.
FUENTE : EMOL
Se trata de un proceso histórico, ya que se sientan en el banco de los acusados miembros del gobierno y de las fuerzas del orden junto con los jefes mafiosos de aquellos años.
Los 10 imputados son el entonces ministro del Interior y ex presidente del Senado Nicola Mancino, el ex senador Marcelo dell'Utri, brazo derecho de Silvio Berlusconi, y los antiguos responsables del cuerpo especial de los Carabineros del ROS, los generales Mario Mori y Antonio Subranni, además del exgeneral Giuseppe De Nonno.
A ellos se unen también los jefes mafiosos que aterrorizaron a Italia: Salvatore 'Totó' Riina, su estrecho colaborador Giovanni Brusca, el que fuera su médico personal Antonino Cinà y el mafioso Leoluca Bagarella.
El décimo imputado es Massimo Ciancimino, hijo de Vito, alcalde de Palermo, que con sus revelaciones y documentos heredados de su padre ha hecho que los jueces contasen con pruebas para reabrir el caso.
Excepto Mancino, acusado de falso testimonio, y Ciancimino, de asociación mafiosa, los otros imputados tienen que responder a los cargos de violencia o amenaza al Estado y de favorecer a la Cosa Nostra.
El varias veces ministro Calogero Maninno será juzgado aparte al haber elegido el proceso breve, al igual que el "jefe de jefes" de la Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, por motivos de salud.
De acuerdo con los investigadores, existió una negociación entre representantes del Estado y los líderes de la Cosa Nostra, a principios de los noventa, para acabar con la oleada de atentados cometidos por la mafia.
Todo comenzó, según han reconstruido los fiscales de Palermo, tras la confirmación de las cadenas perpetuas a mafiosos el 30 de enero de 1992, lo que empujó a la Cosa Nostra a vengarse de quienes consideraba responsables y buscar nuevos apoyos en la política.
El juicio buscará también las respuestas al atentado del 23 de mayo de 1992, en el que perdieron la vida el juez antimafia Giovanni Falcone, su mujer Francesca Morvillo y tres agentes de su escolta, y al que 53 días después acabó con el también magistrado Paolo Borsellino y cinco de sus escoltas.
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