$80 millones ofreció el fisco por muerte de bebé en el Hospital Clínico

FUENTE   :   LA PRENSA AUSTRAL




A menos de 24 horas de nacida una bebé dejó de existir el pasado 18 de septiembre en el Hospital Clínico de Magallanes. La familia atribuyó su prematura muerte a una supuesta negligencia médica, razón por la que exigió a la dirección del centro asistencial aclarar las circunstancias del fallecimiento.
El pasado 10 de octubre Denisse Sánchez Villarroel, madre de Camila Paz, la niña fallecida, interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía para que se investigue la responsabilidad de quien sea el culpable de un presunto cuasidelito de homicidio.
La parte querellante sostiene que la muerte de la bebé se habría debido a que en lugar de inyectarle penicilina sódica como estaba dispuesto por el médico, la matrona le inyectó penicilina con benzatina, siendo que dicho medicamento debe ser administrado de forma intramuscular, y no vía endovenosa como se hizo.
Paralelamente a la acción judicial radicada en la Fiscalía de Punta Arenas, la familia hizo uso del proceso de mediación por daños en salud, que promueve la comunicación directa entre la persona que reclama y/o su representante y la persona que representa al director(a) del establecimiento público de salud, donde ocurrieron los hechos, para que, con la ayuda del mediador(a) del Consejo de Defensa del Estado puedan llegar libremente a una solución del conflicto.
“A fojas cero”
Sin embargo las negociaciones emprendidas con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) habrían vuelto “a fojas cero”, luego de que según el abogado representante de la familia, Oscar Gibbons Munizaga, el organismo fiscal “limitó sus cifras a tal punto que ni siquiera entregó un margen razonable para negociar”.
La compensación pecuniaria que ofrece el CDE estaría muy por debajo de lo que la familia estima como una reparación razonable.
El abogado estima que al menos 250 millones de pesos sería una suma razonable por la muerte de una pequeña que falleció por una negligencia del personal del Hospital. “Pero el CDE, no está en condiciones de negociar, ya que sus montos llegan hasta poco más de 80 millones, lo que ciertamente es una cifra insuficiente e irrisoria”, subrayó Gibbons.
Añadió que el Consejo de Defensa del Estado está obligado por ley a buscar una salida alternativa al proceso judicial, aunque, remarcó, el error al menos por parte de la persona que cometió la negligencia está plenamente asumido.
Procedimientos
erráticos
El profesional planteó que es de su interés indagar respecto de dos situaciones que habrían sido erráticas: “Lo primero es confirmar si la persona que inyectó la penicilina con benzatina leyó o no lo descrito en el frasco, ya que según cualquier libro de medicina no puede inyectarse vía intravenosa, mucho menos a un lactante; y lo segundo, es que esa ampolla estuviese en la Unidad de Neonatología, lo que nunca debió haber sucedido y de acuerdo a reuniones que hemos sostenidos con el hospital, ahora han cambiado los protocolos, se ha modificado la manera de distribuir dicho medicamento, entonces más reconocimiento que todo lo anterior, es imposible”, puntualizó.
Oscar Gibbons concluyó señalando que “si no hay acuerdo prejudicial, agotaremos todas las instancias, primero la responsabilidad penal y luego las materias civiles que permitan entregar una compensación por la pérdida a mi representada”.