En medio de la polémica y declaraciones cruzadas entre el Poder Judicial y el gobierno por el aumento en las cifras de delincuencia y los cuestionamientos a las políticas de persecución penal, ayer fue electo el nuevo presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros Cárcamo (72).
Tras ser presentado de manera oficial, la nueva máxima autoridad judicial detalló a La Tercera que una de sus primeras medidas cuando asuma, el próximo 6 de enero, será restablecer el diálogo con La Moneda, marcando así diferencias con su antecesor, Milton Juica.
Al respecto, el magistrado reconoció "que ha habido pequeños inconvenientes, nada más que eso. Pero mi opinión es que, en general, hay que tener relaciones totalmente normales, amigables (con el gobierno)".
La figura de Ballesteros aparece como "clave" para recomponer la relación con el Ejecutivo, que comenzó a dañarse públicamente el 20 de octubre pasado, cuando el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, sostuvo que el gobierno evalúa las decisiones de los jueces a la hora de proponer sus ascensos en el Poder Judicial.
Uno de los últimos episodios de tensión que se generó entre el gobierno y los magistrados ocurrió el 8 de diciembre pasado, cuando el saliente presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, aseguró que los jueces se sienten presionados con las críticas del gobierno y que "existe una actividad política destinada a presionar la función de los jueces frente a un fracaso de una promesa de seguridad que no se ha cumplido".
Es por esta razón que, recién nombrado presidente del máximo tribunal, aseguró ayer que "las relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen que ser normales. Y será una de mis prioridades". Para restablecer las conversaciones con La Moneda, Ballesteros adelantó que "es muy probable que me reúna" con personeros de gobierno durante los primeros días de su gestión.
A través de un comunicado, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, dijo estar dispuesto a "trabajar con la mejor disposición, para hacer de la justicia algo más cercano, eficaz y accesible a la ciudadanía". Además, reconoció la labor que el ministro Juica desarrolló al mando del Poder Judicial en materia de transparencia y acceso a la información.
Arribo al poder
La llegada de Rubén Ballesteros a la presidencia de la Corte Suprema comenzó a gestarse a mediados de año, cuando los aspirantes al cargo -por contar con la antigüedad en el cargo y el respaldo de sus pares- iniciaban las conversaciones informales y propuestas para mejorar la gestión del Poder Judicial.
Según fuentes judiciales, el otro juez que generaba mayor consenso entre sus pares era el ministro de la Sala Penal, Nibaldo Segura.
Sin embargo, en octubre pasado, un infarto que lo mantuvo internado en un recinto asistencial lo alejó de la contienda por presidir el máximo tribunal y abrió paso a las tres principales antigüedades de la judicatura: Adalis Oyarzún (74), Jaime Rodríguez (74) y Rubén Ballesteros (72). Los dos primeros están a meses de cumplir los 75 años, edad legal para jubilarse de su cargo.
Con Ballesteros como el más probable, ayer, a eso de las 12.45 horas, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos se manifestaron frente al Palacio de Tribunales. Con lienzos, pancartas y megáfonos, rechazaron la posibilidad de que Ballesteros asumiera como máximo representante del Poder Judicial.
Una de las presentes en la manifestación fue la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien aseguraba que "uno de aquellos que se prestó para cometer crímenes y fue parte de los consejos de guerra fue precisamente Rubén Ballesteros. Su elección es un retroceso para el país y para la humanidad".
Una hora más tarde, cerca de las 13.45, los 18 altos magistrados copaban la sala del Pleno de la Corte Suprema, ubicada en el segundo piso del histórico palacio de calle Compañía. Sólo 20 minutos después, se confirmaba que 12 jueces -incluyendo a Milton Juica- daban la mayoría a Ballesteros.
Escoltado por Juica, el nuevo presidente decía tener la plena seguridad de los fallos que dictó "no debiera afectarme personalmente ni tampoco afectar a la gente de agrupaciones de DD.HH., yo dejo de pertenecer a la Segunda Sala y allí tendrá que llegar otro ministro". Planteó, además, que una de sus prioridades será concretar la Reforma Procesal Civil y reformas en materia comercial.
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