Fiscalía investiga a Bianchi

FUENTE :  EL PINGUINO

 

 

El Ministerio Público indaga al senador de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, por irregularidades en arriendo de sede parlamentaria en Punta Arenas.
El senador suscribió con su suegra en 2006 un contrato de alquiler de un local en calle Ignacio Carrera Pinto, el que cancelaba con dineros del Congreso.
Ayer diario El Mercurio publicó una crónica con los hechos que conformarían la figura delictual de fraude al fisco que habría cometido el senador entre marzo de 2006 y noviembre de 2010, al arrendarle un local a Fresia Espinoza Alonso, madre de su esposa Blanca Retamales, para utilizarlo como oficina parlamentaria en Punta Arenas. Ello con dineros aportados por el Congreso de la República.

El diario “El Mercurio” de Santiago en su edición de ayer, en una crónica publicada en la página 4 de su cuerpo C de noticias nacionales, “destapó la olla” sobre irregularidades que conformarían la figura delictual de fraude al fisco que habría cometido el senador de Magallanes Carlos Bianchi Chelech.
Los hechos señalan que la Fiscalía de Punta Arenas investiga una negociación incompatible por arriendo a parientes directos de una oficina parlamentaria en Punta Arenas, ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto Nº 824-A (entre Magallanes y Lautaro Navarro).
En su rol fiscalizador, el diputado Miodrag Marinovic presentó una querella contra el “honorable” senador luego de recibir antecedentes desde el Senado de pagos excesivos con fondos públicos de la sede parlamentaria del legislador, que llegó al canon mensual de $ 1 millón 298.
“El Mercurio” informa que la querella fue aceptada y declarada como “admisible” por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por el delito de “negociación incompatible”.
El periódico dice que “Bianchi habría arrendado entre marzo de 2006 y noviembre de 2010 una propiedad ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto 824-A a Fresia Espinoza Alonso, madre de la esposa de Bianchi, Blanca Retamales Espinoza”.
El mismo diario, da cuenta que “en octubre de 2009 se produjo una modificación de ese contrato debido al fallecimiento de Fresia Espinoza, pasando a ser la arrendadora Victoria Retamales Espinoza, hermana de la esposa de Bianchi, quien actuaba en representación de sus hermanos”.
Por su parte, el abogado defensor del parlamentario investigado por el supuesto delito de fraude al fisco, Mauricio Daza, afirmó que la sede (oficina parlamentaria de Bianchi) “fue arrendada por el Senado y operó de manera real” consignó “El Mercurio”, añadiendo que Daza afirmó también que “la investigación contra Bianchi, se inició mediante una denuncia anónima presentada el 22 de mayo ante la Fiscalía Regional de Magallanes”.
De comprobarse los hechos denunciados y de acuerdo con los montos involucrados, se estaría concluyendo que se realizaron pagos superiores a los 56 millones de pesos, que giró el Senado de la República para la cancelación de dicho arriendo a la familia de Bianchi Chelech.
Malas prácticas
Diversas denuncias por malas prácticas conoce cada cierto tiempo la opinión pública nacional por “el mal actuar” de algunos senadores y diputados.
El caso más emblemático es el del ex diputado de Renovación Nacional (RN), Maximiano Errázuriz, quien por un delito similar al que se acusa a Bianchi, casi va a la cárcel, luego de que el otrora diputado admitiera haberse apropiado indebidamente de asignaciones parlamentarias. Adicionalmente, se sumó el cargo de falseamiento de documentación para poder cometer el ilícito.
Luego de ser desaforado, Errázuriz fue condenado a cuatro años de libertad vigilada, pagar multas y la imposibilidad de por vida de ejercer un cargo público, convirtiéndose en el primer legislador condenado por defraudar al fisco por uso ilícito de sus asignaciones parlamentarias.
La sentencia contra Errázuriz se concretó el 12 de diciembre de 2011 en un juicio que se llevó a cabo en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Se debe consignar que el Artículo 240 del Código Penal, expresa la prohibición para funcionarios públicos de establecer negocios u operaciones a su cargo, con parientes como los cónyuges, hijos, padres, suegros, cuñados y concuñados, entre otros. Dicha norma está por sobre cualquier reglamento corporativo tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
En referencia a la querella contra Bianchi, se consigna respecto al dolo que “no cabe duda que el senador Carlos Bianchi supo y tenía plena conciencia que el contrato celebrado se enmarca dentro de una operación confiada a su cargo. A su vez, que el inmueble sería y fue ocupado como oficina parlamentaria, que su arriendo sería financiado con fondos públicos y que el pago lo efectuaría el Congreso de la República. Asimismo, no hay duda que el senador conocía el parentesco que lo ligaba con las partes y que, producto del contrato, éstas se verían beneficiadas económicamente”.
La acción judicial iniciada contra el senador Bianchi Chelech, es la primera que tramita el Poder Judicial sobre un legislador regional, en toda la historia de la vida republicana parlamentaria magallánica.
Marinovic
En su rol fiscalizador, el diputado independiente por Magallanes, Miodrag Marinovic, y luego de tomar conocimiento de la denuncia efectuada, manifestó que está cumpliendo con su deber como parlamentario porque todos los antecedentes recibidos claramente indicaban que había una situación irregular respecto del arriendo de la sede del senador Bianchi.
“Yo lo que hice fue poner esos antecedentes a disposición de la fiscalía, que determinó oficiar al Senado para requerir los documentos que avalaban esa denuncia, vale decir, los contratos de arriendos, los pagos, copias de los cheques y otros documentos”, manifestó.
De esta manera, dijo Marinovic, se pudo ratificar que efectivamente existía una “situación de delito que tiene que ver con negociación incompatible toda vez que el senador Bianchi, arrendó por más de cinco años su oficina parlamentaria a parientes directos, cancelándose dichos arriendos con platas de todos los chilenos, con platas fiscales”.
Sobre este hecho, el diputado señaló que “es lamentable tener que enfrentarnos a prácticas absolutamente repudiables que rechaza todo el país, de lo cual los chilenos están cansados cuando conocen el mal uso de recursos fiscales, agravado con el aprovechamiento de algunas personas que en su condición de autoridades agrandan sus peculios. Las malas prácticas hay que erradicarlas de una vez por todas”.
Agregó que “no puede ser que Bianchi, que por un lado habla con tanta locuacidad de miserables pensiones o montepíos y de situación grave que vive mucha gente en el país, por otro, esté arrendando a sus parientes una oficina parlamentaria en un monto superior al millón de pesos, en circunstancia que el verdadero arriendo comercial es la mitad de aquel monto”.
Marinovic dijo que la conducta del senador es “absolutamente reprochable”, manifestando que ésta acción penal no persigue sacarlo de la carrera electoral “sino que busca, que de una vez por todas, dé la cara respecto de los hechos que son absolutamente repudiables”, debiendo explicar a cada uno de los magallánicos de “cómo en muchos años recibió un monto impresionante (de dinero) para cancelar una sede que no vale eso. Y eso pagado con dinero de todos y cada uno de los chilenos”.
Más allá de lo expuesto, el propio abogado de Bianchi, Mauricio Daza, reconoció en el diario “El Mercurio”, el hecho denunciado, agregó Marinovic, “por lo tanto yo diría que aquí se está planteando con mucha claridad lo que nosotros hemos dicho en la querella, en el sentido que aquí hay un delito y un eventual fraude al fisco”.
Al referirse a las malas prácticas de algunos políticos, el diputado manifestó que “no todas las manzanas del cajón están podridas”, expresando que “yo estoy cumpliendo con una obligación, con un deber, en el sentido de exponer esta situación a los tribunales de justicia, para que puedan actuar. Lo más doloroso de todo esto, es el aprovechamiento que se hace de recursos públicos que se le quitan a los pensionados, a los trabajadores, a los subsidios de luz, gas y agua, para abultar en forma indebida un pago de un arriendo que evidentemente, iba al bolsillo de un parlamentario y no para financiar un costo social real y verdadero”.