FUENTE : LA PRENSA AUSTRAL
Acompañados de sus abogados y rehusando entregar antecedentes sobre su actuación a los medios de prensa, y solicitando mantener en reserva los nombres de los intervinientes, en la mañana de ayer integrantes del directorio de la Cooperativa Ganadera Cacique Mulato de Laguna Blanca, interpusieron una querella criminal contra la ex secretaria del Consejo de Administración de dicha entidad, a quien acusan de haberse apropiado de más de 50 millones de pesos.
La acción penal fue presentada por la presunta comisión de los delitos reiterados de apropiación indebida y de abuso de firma en blanco en contra de la ex secretaria y en contra de todos quienes resulten responsables o involucrados en las 72 transacciones bancarias que se habrían realizado en un período de tiempo determinado.
De acuerdo a lo sostenido por los querellantes, la supuesta autora de los hechos, en su calidad de secretaria del Consejo de Administración de la Cooperativa Cacique Mulato, cargo que le fue investido en diciembre de 2012, habría girado cheques de diversas cantidades entre marzo de 2013 y diciembre del mismo año, para el pago de “items” como: la compra de monturas, caballos, insumos de campo, pago de servicios de despeje de rutas, construcción y reparación de alambradas, traslados, confección de fardos, y arriendo de maquinarias, entre otros. Insumos o servicios que no se habrían adquirido o realizado, y que según los registros sí habrían sido cancelados.
Asimismo el escrito señala que para cometer dicho ilícitos, la ex secretaria habría procedido al cobro de cheques firmados previamente por el presidente del Consejo, ya que requerían de dos rúbricas autorizadas (presidente y secretaria), apropiándose de dichos fondos.
Esta situación habría quedado al descubierto sólo a finales de 2013 cuando se cambió a la secretaria del Consejo. La revisión de los registros contables dejaron al descubierto las irregularidades.
Los abogados Jaime Cárdenas, Dagoberto Reinuava y Nicolás Alvarez figuran como patrocinantes en la acción penal, en cuyo libelo se solicita al Juzgado de Garantía, una vez acogida a tramitación, se oficie al Ministerio Público a fin de realizar diversas diligencias como: emitir una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI; realizar una investigación patrimonial histórica a la querellada; y la solicitud al Banco de Chile el envío de los 72 documentos bancarios que habrían sido utilizados para concretar los supuestos delitos.
Los querellantes también solicitan se realice un peritaje contable para determinar el perjuicio exacto provocado en contra de la cooperativa, el que de acuerdo a las primeras estimaciones superaría los $50.000.000.
La acción penal fue presentada por la presunta comisión de los delitos reiterados de apropiación indebida y de abuso de firma en blanco en contra de la ex secretaria y en contra de todos quienes resulten responsables o involucrados en las 72 transacciones bancarias que se habrían realizado en un período de tiempo determinado.
De acuerdo a lo sostenido por los querellantes, la supuesta autora de los hechos, en su calidad de secretaria del Consejo de Administración de la Cooperativa Cacique Mulato, cargo que le fue investido en diciembre de 2012, habría girado cheques de diversas cantidades entre marzo de 2013 y diciembre del mismo año, para el pago de “items” como: la compra de monturas, caballos, insumos de campo, pago de servicios de despeje de rutas, construcción y reparación de alambradas, traslados, confección de fardos, y arriendo de maquinarias, entre otros. Insumos o servicios que no se habrían adquirido o realizado, y que según los registros sí habrían sido cancelados.
Asimismo el escrito señala que para cometer dicho ilícitos, la ex secretaria habría procedido al cobro de cheques firmados previamente por el presidente del Consejo, ya que requerían de dos rúbricas autorizadas (presidente y secretaria), apropiándose de dichos fondos.
Esta situación habría quedado al descubierto sólo a finales de 2013 cuando se cambió a la secretaria del Consejo. La revisión de los registros contables dejaron al descubierto las irregularidades.
Los abogados Jaime Cárdenas, Dagoberto Reinuava y Nicolás Alvarez figuran como patrocinantes en la acción penal, en cuyo libelo se solicita al Juzgado de Garantía, una vez acogida a tramitación, se oficie al Ministerio Público a fin de realizar diversas diligencias como: emitir una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI; realizar una investigación patrimonial histórica a la querellada; y la solicitud al Banco de Chile el envío de los 72 documentos bancarios que habrían sido utilizados para concretar los supuestos delitos.
Los querellantes también solicitan se realice un peritaje contable para determinar el perjuicio exacto provocado en contra de la cooperativa, el que de acuerdo a las primeras estimaciones superaría los $50.000.000.
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