Carabineros inicia cruzada contra propaganda electoral que infrinja la normativa legal

FUENTE     :    LA PRENSA AUSTRAL



Evidente ha sido en la ciudad el inicio oficial de la campaña electoral. Avenidas como España, Bulnes, Independencia y Eduardo Frei se han visto atestadas de “palomas”, pancartas y otro tipo de elementos de promoción de los candidatos y candidatas a las diversas elecciones que se verificarán el 17 de noviembre.
Junto con contaminar estéticamente el entorno urbano, son un obstáculo visual para los conductores. La instalación de estos artefactos contravienen la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
Desde la Primera Comisaría de Carabineros se informó ayer que se retirarán todos los elementos que estén fuera de lo estipulado en la normativa legal.
“La ley permite únicamente la propaganda electoral mediante volantes, elementos móviles o avisos luminosos. La que se encuentra en la calzada, espacios públicos o muros se encuentra prohibida, a no ser que en el caso de los muros, el propietario haya emitido una autorización para dicho efecto”, explicó el subcomisario de los Servicios de la citada unidad policial, capitán Alvaro Muñoz.
El oficial añadió que de existir elementos en las circunstancias descritas, vale decir en la vía pública, corresponde la denuncia al Juzgado de Policía Local competente.
Precisó que en el caso de que se sorprenda a una persona “in fraganti” realizando dicha instalación, corresponderá su traslado a la Comisaría para comprobar su domicilio y luego dejarlo en libertad. El ciudadano o ciudadana sorprendido en estas circunstancias quedará a la espera de la citación al tribunal y arriesga sanciones de multas respecto de lo denunciado.
La norma indica que el que hiciere propaganda electoral con infracción a la ley, será sancionado con multa a beneficio municipal de una a veinte Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre $40.528 a $810.560.
El capitán Muñoz añadió que Carabineros iniciará la fiscalización de los diferentes puntos de la ciudad y procederá al retiro de los elementos.
Otra alternativa, dijo, es notificar a la Municipalidad de Punta Arenas para que sean sus funcionarios los que retiren las pancartas, de existir alguna dificultad que no pueda salvar la policía uniformada para cumplir dicha función.
“Con el solo hecho de la existencia de uno de estos elementos en lugares prohibidos como calzadas, parques u otros espacios públicos, Carabineros procederá a su retiro. Ahora bien, la ley señala que ante la imposibilidad por tamaño o ubicación de éstos, corresponde a los municipios previo aviso nuestro efectuar el retiro”, expresó en forma tajante el capitán Muñoz.
Descartó que se hayan retirado pancartas en lo que va de campaña electoral (desde el 18 de octubre), pero fue enfático en puntualizar que, sin generar una disminución en los diferentes cuadrantes de seguridad, se iniciará la fiscalización en los diferentes sectores de la ciudad.
“En el caso que se detecten situaciones flagrante se procederá al retiro. Es por ello que primero quisimos hacer una serie de coordinaciones preventivas con los comandos de los candidatos, pero indudablemente que tendremos que hacer retiro, ya que se están instalando de forma que no corresponde”, concluyó el subcomisario de los Servicios.
Retiro de propaganda
La normativa legal estipula que tampoco podrá realizarse propaganda mediante elementos que cuelguen sobre la calzada, o bien que se adhieran de cualquier modo al tendido eléctrico, telefónico, de televisión u otros de similar naturaleza.
Es por este motivo que hace unos días personal de la Empresa Eléctrica de Magallanes (Edelmag) junto a funcionarios municipales, procedieron al retiro de la propaganda que estaba en estas condiciones, la que fue acopiada a la maestranza.
La Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios establece también que las municipalidades deberán, de oficio o a petición, retirar u ordenar el retiro de toda la propaganda electoral que se realice con infracción a lo dispuesto en este artículo.
Además, que los candidatos y los partidos políticos estarán obligados a reembolsar los gastos en que incurran los municipios en el retiro de dicha propaganda.
Asimismo, cualquier persona podrá concurrir ante el juez de Policía Local a fin de que ordene el retiro o supresión de los elementos de propaganda que estima infringen la norma.