FUENTE : LA PRENSA AUSTRAL
Un nuevo lío judicial afronta la Municipalidad de Punta Arenas debido a que el contrato del cobro de estacionamiento comienza a tocar fondo.
A tres meses de que expire su contrato con el municipio, la empresa Ingeniería y Transporte Epark Ltda. solicitó a un tribunal civil de la zona decretar la retención de la boleta de garantía por 100 millones 100 mil pesos pagaderos a la Municipalidad de Punta Arenas en diciembre de 2011, tras adjudicarse, vía licitación pública, el servicio de cobro de estacionamiento de vehículos motorizados en el centro de la ciudad.
El pasado 23 de septiembre Epark Ltda. interpuso ante el Tercer Juzgado de Letras una medida prejudicial precautoria en contra de la Municipalidad de Punta Arenas, representada por el alcalde Emilio Boccazzi Campos, frente al complejo escenario financiero que enfrenta la concesionaria.
El 1 de diciembre de 2011, Epark pagó la boleta de garantía del Banco BCI por la suma de 100 millones 100 mil pesos, la cual en la actualidad se encuentra bajo la tenencia de la municipalidad como garantía de la ejecución del contrato denominado “Concesión control de estacionamiento de vehículos en las vías públicas, en la ciudad de Punta Arenas”.
Ingeniería y Transportes Epark Ltda. participó y resultó ganadora y adjudicataria en la licitación efectuada en septiembre 2011. En razón de lo anterior, desde el 2 de enero de 2012 dicha empresa asumió el cobro de estacionamiento de vehículos en las calles.
Omisión
A decir de la concesionaria, el cumplimiento del contrato se ha visto trastocado fuertemente, en particular desde octubre de 2012, debido a que la Municipalidad de Punta Arenas ha omitido fiscalizar el cumplimiento de su ordenanza sobre estacionamientos de vehículos motorizados en el sector céntrico, y las leyes de tránsito, en todo aquello que dice relación con el respeto de los lugares de estacionamiento demarcados, la obligación de pagar la tarifa establecida por estacionamiento y todas aquellas que implican obligaciones para los usuarios de este sistema. Todo lo anterior, a juicio de la empresa, constituye un incumplimiento grave de dichas bases y del contrato señalado.
La ordenanza municipal sobre esta materia sanciona, entre otros aspectos, el no utilizar ticket electrónico de estacionamiento o encontrarse excedido en la hora permitida por los referidos tickets, entregando la fiscalización de sus disposiciones a Carabineros e inspectores municipales.
La empresa acusa derechamente al municipio de un incumplimiento contractual, ya que por razones indeterminadas ha decidido no cumplir su rol de fiscalizador, generando una merma en los ingresos de Epark y, por ello, un considerable perjuicio económico que sobrepasa a la fecha los 200 millones de pesos.
Hace hincapié que la municipalidad estaba al tanto de este incumplimiento y no hizo nada para regularizar la situación, salvo recomendar que la empresa denunciara directamente las faltas de los particulares infractores. Pese a lo anterior, el Segundo Juzgado de Policía desechó de plano las denuncias formuladas contra los conductores, por considerar que Epark carecía de legitimidad suficiente para iniciar este tipo de acción judicial.
Retrasos en pagos
La concesionaria señala que el incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales por parte del municipio los ha puesto en una situación de riesgo financiero no contemplada en las bases de licitación, y lamentablemente, ha generado retrasos involuntarios e inevitables en los pagos mensuales que conforme al contrato aludido la empresa debe realizar al municipio.
De acuerdo a lo denunciado por el concejal Vicente Karelovic en reunión de Concejo Municipal el pasado viernes, Epark adeuda al municipio la suma de 150 millones de pesos, que corresponde a los meses de junio, julio y agosto. Este 5 de octubre, además, debe hacer efectivo el pago del mes de septiembre, por lo cual la deuda ascendería a los 200 millones de pesos.
La empresa teme que a raíz de esta deuda el municipio intente cobrar la boleta de garantía, lo que en su opinión, haría imposible o muy difícil, la eventual reparación por los daños y perjuicios que “nos ha generado el actuar municipal”.
Ello explica la retención de los fondos solicitados al Tercer Juzgado de Letras por la empresa Epark. El juez Marcos Kusanovic se encuentra estudiando los antecedentes para resolver la presentación.
Sin perjuicio de lo anterior, la concesionaria anunció que deducirá en los próximos días una demanda en juicio ordinario en contra de la Municipalidad de Punta Arenas, solicitando la resolución del contrato y a la vez una indemnización de perjuicios, basado ello en el “incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales por parte del municipio”.
Cabe recordar que el 12 de septiembre del año pasado, la empresa Epark ya había interpuesto una demanda por resolución de contrato e indemnización de perjuicios en contra de la misma municipalidad, aunque esa vez era representada por su alcalde Vladimiro Mimica.
La demanda, que posteriormente fue paralizada, exigía al municipio el pago de más de 2 mil millones de pesos.
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